Si antes de aprobar su eliminación gradual, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ya era considerada como un sistema informal; trasladar a los empleados a un “nuevo” régimen de Servicio Civil no remedia su situación actual. Economistas y expertos coinciden en que la aprobación de la norma ocasionará despidos arbitrarios, además de dar pie a la creación de un sistema que continúa siendo “ilegal”.
Para el economista Jorge González Izquierdo, el proyecto aprobado en la última sesión del Parlamento ha gestionado “expectativas adversas” en la situación laboral de los 180 mil trabajadores CAS, por lo que el Ejecutivo quiere “disfrazar” el actual régimen creando otro similar. “(El proyecto) es un ‘engañamuchachos’. Se están disfrazando las cosas. Lo más probable es que se cree un régimen cuyo costo pensionario sea mínimo para que no afecte las arcas fiscales. El terror de ellos (Gobierno) es que se cree un pasivo al momento que la gente empiece a jubilarse”, explicó.
Similar opinión tuvo el especialista en temas económicos, Ricardo Vásquez Kunze, quien cuestionó la aprobación de la norma sin existir de por medio un proyecto que cree el nuevo régimen de Servicio Civil, del cual se desconocen los dispositivos.
“Hay una falencia. La verdad es que el proyecto está dejando abiertas varias compuertas para que el CAS siga sobreviviendo sin que lleve el mismo nombre. Se estaría haciendo un cambio nominal sobre la base de un régimen que aún no se ha creado. Incluso, creando el nuevo sistema, no se cumplirán algunos derechos de estos trabajadores”, declaró.
Los expertos coinciden en que, si bien es cierto que se han atribuido beneficios a los trabajadores, como CTS o vacaciones, el nuevo régimen de Servicio Civil no asegura que sean cumplidos al 100%, puesto que los mismos están condicionados a la disponibilidad presupuestal del Estado.
En tal sentido, el abogado laboralista, Carlos Ezeta, explicó que tanto el régimen laboral CAS como el nuevo régimen de Servicio Civil, son modalidades “ilegales” que perjudican y vulneran la situación laboral de los empleados. “La modalidad es ilegal porque es discriminatoria. Yo no puedo tener a un trabajador que está en planilla y a otro que trabaja igual, pero que tiene la mitad de los derechos”, cuestionó.
DESPIDO MASIVO
Según el proyecto aprobado, recién desde 2013 se iniciarán los traslados de los empleados CAS al nuevo régimen de Servicio Civil. Para los analistas esta medida vulnera la estabilidad laboral en el transcurso de este año.
“Hay un riesgo muy grande de que las instituciones públicas despidan a trabajadores estatales o no renueven sus contratos. La norma debe entrar en vigencia en cuanto la promulgue el Gobierno, no se tiene porqué esperar hasta 2013, es lo peor que se puede hacer en materia de política económica”, explicó el economista González Izquierdo.
Asimismo, el abogado Carlos Ezeta advirtió que a raíz de esta decisión, los empleados estatales serán despedidos con el fin de que no afecten el presupuesto de los organismos del Estado.
“Las instituciones van a poder depurar su lista de trabajadores y evitar que gente que no le conviene, sea por razones políticas o por un desbande en el presupuesto permanezcan en el Estado”, advirtió el letrado, quien se adelantó a decir que en vez de llegar a 2013 con 180 mil trabajadores solo permanecerán –después de despidos arbitrarios- cerca de 20 mil.
“PARCHES”
Para los expertos los anunciados “beneficios laborales” que recibirán los trabajadores, entre ellos: vacaciones por 30 días, gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y pago de seguros, solo son “parches” que el Estado ha anunciado para controlar la presión laboral estatal.
“No son soluciones, son parches que está usando el Gobierno para disminuir las protestas que existen en el sector estatal. Lo recomendable hubiera sido garantizarles a este grupo de trabajadores que no van a ser despedidos arbitrariamente”, declaró el abogado laboralista. De igual manera, González Izquierdo coincidió en que los beneficios anunciados son una manera de tranquilizar a la población.
NO AL CONCURSO
Otro de los dispositivos cuestionados es el que somete a “todos” los trabajadores estatales a un concurso público, considerando que en muchos casos esta modalidad no se ha basado precisamente en el profesionalismo, sino que han sido designaciones a “dedo”.
“Si un trabajador ha laborado 5 o 10 años en la institución, es porque de alguna manera su trabajo es idóneo y no tendría por qué pasar por concurso”, cuestionó el economista Vásquez Kunze.
PATRICIA HOYOS: phoyos@diario16.com.pe
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