jueves, 20 de septiembre de 2012

Proponen hacer obligatorio el proceso de acreditación de la calidad educativa



El parlamentario Richard Acuña de la agrupación Alianza Por el Gran Cambio, presentó al congreso el proyecto de ley 1418, que propone modificar los artículos 11 y 12 de la Ley 28740 que regula los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa y los pone a cargo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

De acuerdo con la referida ley, el SINEACE es el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación con el fin de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones educativas del país. En suma, el SINEACE tiene por finalidad garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad.

Los procesos de evaluación de los que habla la referida ley son instrumentos de estímulo de la calidad de la educación que imparten aquellas entidades. Los mismos tienen por objeto la medición de resultados y dificultades en el cumplimiento de las metas previstas en términos de aprendizaje, destreza y competencia comprometidos con los estudiantes, la sociedad y el Estado.

Dichos procesos son tres: (i) la autoevaluación de la gestión pedagógica, (ii) la evaluación externa con fines de acreditación (a cargo de una entidad especializada) y (iii) la acreditación propiamente dicha[1].

Estos, de acuerdo con el reglamento de la citada ley (aprobado por Decreto Supremo 018-2007-ED), son etapas secuenciales de un proceso integrado, es decir, una entidad educativa no podría obtener la acreditación sin haber realizado previamente la autoevaluación y sin haber pasado por la evaluación externa.

No obstante, la ley y su reglamento solo señalan que estos procesos son obligatorios para cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a la formación de profesionales de la salud, del derecho y de la educación. En cualquier otro caso los mismos son voluntarios.

Pues bien, el proyecto de ley busca cambiar esta realidad proponiendo la obligatoriedad de los procesos para obtener la citada acreditación a todas las entidades educativas y estableciendo sanciones para las que no pasen satisfactoriamente las evaluaciones para dicho fin (suspensión o cancelación del área, programa, carrera o licencia de las mismas).

Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa
Texto actual de la Ley 28740
Texto del proyecto de ley
El artículo 11 señala, en su apartado B, que la evaluación externa con fines de acreditación de la calidad, realizada por entidades especializadas, es voluntaria para las instituciones educativas.
La propuesta señala que la evaluación externa con fines de acreditación es obligatoria.
El artículo 11, en su apartado C, señala que la acreditación es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa quevoluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa.
La propuesta señala que el proceso de acreditación es obligatorio.
No establece sanciones para las entidades educativas que no superen los procesos de evaluación para la acreditación.
Sanciona con la suspensión y/o cancelación del área, programa, carrera o licencia de las entidades educativas que no superen los procesos para la acreditación.
El artículo 12 señala que la evaluación con fines de acreditación tiene carácter voluntario.
En la propuesta se señala que la evaluación con fines de acreditación tiene carácter obligatorio.


[1] También existe la “Certificación” pero la misma no guarda una relación directa con las tres mencionadas. La misma consiste en el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o laborales. Es otorgada por el colegio profesional correspondiente (a falta de este otro órgano sería el competente), previa autorización, de acuerdo a los criterios establecidos por el SINEACE y se realiza a solicitud de los interesados.

reflexionenelcongreso.blogspot.com/

martes, 3 de abril de 2012

CAFAE, un engaña muchachos?

El día de hoy, martes 3 de abril, se ha realizado a partir de las 9 de la mañana, la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República; teniendo como punto fundamental en el debate que finalmente llegó a ser el único, la aprobación del Dictamen de la Ley que fije los mecanismos para la escala base del CAFAE; de esta manera, se empezó a cumplir con el compromiso adquirido por el Presidente del Congreso, Ing. Daniel Abugattás, adquirido en el marco del Paro Nacional que realizamos la FENTUP el 21 de Marzo pasado, junto con la marcha hacia el Congreso de las bases de la CITE.


Veamos los documentos que nos envía la FENTUP y demos nuestra opinión


https://acrobat.com/?i=1y*qvr7mEaXqzqFHTwOzuQ
https://acrobat.com/app.html#d=CxzbrwcT3VHX*wIUrsomWA

domingo, 18 de marzo de 2012

EDITORIAL

Ocaso del CAS


La eliminación progresiva del Contrato de Administración de Servicios (CAS), un sistema discriminatorio en la administración pública es una buena noticia.
La derogatoria progresiva del DL 1057 permitirá acabar con una situación de injusticia que agobiaba a más de 180.000 trabajadores públicos, obligados a renovar anualmente el contrato que los ligaba a su empleo, cuyo empleador tenía la potestad de renovar o no el contrato. Del mismo modo, la relación laboral terminaba por muerte del trabajador o cuando la entidad que lo contrataba dejaba de realizar sus funciones.
Pero no acababa aquí una discriminación propia del siglo XIX, pues los contratados por el CAS carecían de los 30 días de vacaciones que establece la ley, debían laborar en jornadas mayores de ocho horas diarias y no recibían los dos aguinaldos anuales. La norma aprobada les restituye plenamente sus derechos laborales, incluida la estabilidad; podrán elegir afiliarse al sistema nacional previsional o a una AFP, tendrán libertad sindical y un sueldo no menor a la Remuneración Mínima Vital.
 En suma, se acaba con un régimen discriminatorio cuyos “beneficiarios” en mucho casos se vieron obligados a aceptarlo debido a la falta de empleo imperante y gracias al debilitamiento de las leyes de protección laboral a causa de las desregulaciones que remontan a la época de la autocracia fujimorista. Hay que recordar que fue el propio Ollanta Humala, en sus recorridos como candidato durante la campaña, quien ofreció poner fin a este sistema desigual y anunció que se buscaría establecer un sistema de carrera pública con grados y méritos.
 Con buen criterio, la norma aprobada establece que los trabajadores sujetos al CAS deberán someterse obligatoriamente a un concurso público para determinar si se encuentran aptos para cumplir las funciones para las cuales fueron contratados. Esto es así porque muchas de las contrataciones del CAS fueron obra del favor político, entonces es correcto que sean evaluados.
Señalemos para concluir que –una vez no es costumbre– el Congreso dio luz verde al proyecto de derogación paulatina del CAS a partir del dictamen minoritario, que es el que ganó el favor de una mayoría de 58 votos. De este modo se pondrá término a una situación de injusticia. Solo cabe alegrarse y esperar una pronta promulgación de la norma.
larepublica.pe

Se viene un régimen único para trabajadores estatales

Realidad. 180 mil trabajadores del sector público están bajo un régimen laboral en el que no tienen beneficios como sus compañeros que están en planilla.
Realidad. 180 mil trabajadores del sector público están bajo un régimen laboral en el que no tienen beneficios como sus compañeros que están en planilla.
Regulación. Se trata del nuevo Régimen del Servicio Civil, el cual genera desconfianza en los gremios sindicales. Laboralistas advierten de las no renovaciones de contratos hasta fin de año.
Carlos Bessombes.
Conocida la iniciativa aprobada en el Congreso de la República para la eliminación progresiva del Régimen Especial de Contratación Administrativa (CAS), que conllevará a la implementación de un nuevo Régimen del Servicio Civil, especialistas y gremios sindicalistas advirtieron a La República los pro y los contras de esta norma.
Si bien todas las partes concuerdan en la eliminación de un sistema ilegal e inconstitucional en el que los trabajadores están fuera de planilla y sin los respectivos beneficios que todo trabajador del Estado merece, aún no les queda claro la función de este nuevo régimen.
Según el laboralista Germán Lora, lo que se estaría buscando es que haya en el Estado un solo sistema para todos los trabajadores públicos que se llame Régimen del Servicio Civil, y aun cuando no existe todavía se implementaría y trabajaría en el 2013.
En la misma línea el laboralista del estudio Echecopar Jaime Cuzquén señaló que el objetivo del Servicio Civil es un régimen que establezca regulación igual a todos los que prestan servicios al Estado, y ello implicaría además que se controle a los trabajadores en una sola planilla.
"De manera tal que se pueda saber cómo disponer los recursos para pagar los haberes y todos los derechos laborales a los servidores públicos y evitar que existan diversos regímenes como ocurre hoy, no solo uno. Debe ser la foto de llegada, y a lo que se debe apuntar", estimó.
Sin embargo, para el subsecretario general de la Coordinadora Nacional de Servidores Públicos, José Luis Sandoval, la implementación de un nuevo régimen no tendría coherencia  luego de haberse batallado tanto para la derogación de un régimen como el CAS.
"Objetamos el nuevo régimen y nos preocupa, pero en caso este busque unificar a los trabajadores del Estado debería hacerse la precisión en el reglamento", aseveró.
En tal sentido, recomendó que se opte por seguir con el Decreto Legislativo 276, el cual rige a todos los servidores públicos actualmente.
LO QUE SE VIENE
En opinión de Lora, los gremios y sindicatos de trabajadores deben cumplir, hasta enero, con el objetivo de cuidar y velar por que no ocurran despidos o no renovaciones de contratos de los trabajadores CAS.
El régimen CAS es muy flexible en materia de salida del trabajador, por lo cual pueden no renovar los contratos a los trabajadores por asuntos relacionados con la eficiencia de una institución", advirtió.
Asimismo, el especialista precisó que no es que los trabajadores del CAS vayan a pasar inmediatamente a la planilla del Estado sino que van a tener prioridad en su sistema de contratación por el tiempo de servicio en su institución.
"No es un paso directo a planilla, primero porque no se van a renovar muchos contratos, segundo porque van a tener que analizar la necesidad de la entidad, y tercero que van a pasar un concurso para poder ver si el trabajador del  régimen CAS está capacitado o no", alertó el especialista.
Ante ello  el dirigente José Luis Sandoval emplazó al gobierno a cumplir su palabra de no despedir a ningún trabajador hasta que se implemente el CAS en el nuevo esquema laboral y que este año se empiece con la entrega de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, a través de un decreto de urgencia planteando para ello un crédito suplementario.
EN CIFRAS
15% de los trabajadores públicos son CAS.
S/.600 millones podría costar este traslado.
larepublica.pe

Ampliación presupuestaria para financiar aguinaldos

Desde este año para los trabajadores del CAS
En los próximos días, el ministro de Economía presentará al Congreso un pedido de crédito suplementario de 113 millones de soles para financiar los aguinaldos de los meses de julio y diciembre que desde este año empezará a cobrar el personal contratado a través del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Así lo dio conocer en diálogo con La Razón el legislador nacionalista Justiniano Apaza, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, quien subrayó que una vez sea promulgada por el presidente Ollanta Humala, y vencido el plazo de 60 días que se tiene para implementar su reglamentación, los nuevos derechos empezarán a regir para los cerca de 180 mil trabajadores estatales.
“La inserción de los trabajadores recién comienza en el 2013, pero los otros derechos como una jornada máxima de ocho horas diarias o 48 horas semanales, tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo, aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, vacaciones remuneradas de 30 días, licencia con goce de haber por paternidad y maternidad, entran en vigencia este año”, puntualizó.
El proyecto aprobado por el Pleno del Congreso el último jueves, y que fue sustentado por Apaza, también contempla el descanso semanal de 24 horas, ley de seguridad y salud en el trabajo, a la libertad sindical y afiliarse a un seguro del Sistema Nacional de Pensiones o AFP de acuerdo con lo que elija el contratado.

“Debieron aprobar la Ley de Carrera Pública”

“Debieron aprobar la Ley de Carrera Pública”
Para el ex ministro de Trabajo y economista, Jorge González Izquierdo, la eliminación del CAS no es la solución a los problemas de los trabajadores, por lo que le recordó al titular de Economía, Luis Miguel Castilla, que existe un proyecto para la aprobación de la “Ley de Carrera Pública”, que sí podría acabar con todos los regímenes que vulneran la estabilidad de los empleados.

Según el experto, con dicha ley se eliminan los regímenes existentes y todos los trabajadores ingresan a planilla como sucede en el sector privado. “No sé qué están esperando el ministro Castilla y el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, para ponerse de acuerdo y sacar de una buena vez la Ley del Trabajador Público”, enfatizó.

Diario16.com.pe

Eliminar CAS no soluciona informalidad laboral

Eliminar CAS no soluciona informalidad laboral
Si antes de aprobar su eliminación gradual, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ya era considerada como un sistema informal; trasladar a los empleados a un “nuevo” régimen de Servicio Civil no remedia su situación actual. Economistas y expertos coinciden en que la aprobación de la norma ocasionará despidos arbitrarios, además de dar pie a la creación de un sistema que continúa siendo “ilegal”.

Para el economista Jorge González Izquierdo, el proyecto aprobado en la última sesión del Parlamento ha gestionado “expectativas adversas” en la situación laboral de los 180 mil trabajadores CAS, por lo que el Ejecutivo quiere “disfrazar” el actual régimen creando otro similar. “(El proyecto) es un ‘engañamuchachos’. Se están disfrazando las cosas. Lo más probable es que se cree un régimen cuyo costo pensionario sea mínimo para que no afecte las arcas fiscales. El terror de ellos (Gobierno) es que se cree un pasivo al momento que la gente empiece a jubilarse”, explicó.

Similar opinión tuvo el especialista en temas económicos, Ricardo Vásquez Kunze, quien cuestionó la aprobación de la norma sin existir de por medio un proyecto que cree el nuevo régimen de Servicio Civil, del cual se desconocen los dispositivos.

“Hay una falencia. La verdad es que el proyecto está dejando abiertas varias compuertas para que el CAS siga sobreviviendo sin que lleve el mismo nombre. Se estaría haciendo un cambio nominal sobre la base de un régimen que aún no se ha creado. Incluso, creando el nuevo sistema, no se cumplirán algunos derechos de estos trabajadores”, declaró.

Los expertos coinciden en que, si bien es cierto que se han atribuido beneficios a los trabajadores, como CTS o vacaciones, el nuevo régimen de Servicio Civil no asegura que sean cumplidos al 100%, puesto que los mismos están condicionados a la disponibilidad presupuestal del Estado.

En tal sentido, el abogado laboralista, Carlos Ezeta, explicó que tanto el régimen laboral CAS como el nuevo régimen de Servicio Civil, son modalidades “ilegales” que perjudican y vulneran la situación laboral de los empleados. “La modalidad es ilegal porque es discriminatoria. Yo no puedo tener a un trabajador que está en planilla y a otro que trabaja igual, pero que tiene la mitad de los derechos”, cuestionó.

DESPIDO MASIVO
Según el proyecto aprobado, recién desde 2013 se iniciarán los traslados de los empleados CAS al nuevo régimen de Servicio Civil. Para los analistas esta medida vulnera la estabilidad laboral en el transcurso de este año.

“Hay un riesgo muy grande de que las instituciones públicas despidan a trabajadores estatales o no renueven sus contratos. La norma debe entrar en vigencia en cuanto la promulgue el Gobierno, no se tiene porqué esperar hasta 2013, es lo peor que se puede hacer en materia de política económica”, explicó el economista González Izquierdo.

Asimismo, el abogado Carlos Ezeta advirtió que a raíz de esta decisión, los empleados estatales serán despedidos con el fin de que no afecten el presupuesto de los organismos del Estado.

“Las instituciones van a poder depurar su lista de trabajadores y evitar que gente que no le conviene, sea por razones políticas o por un desbande en el presupuesto permanezcan en el Estado”, advirtió el letrado, quien se adelantó a decir que en vez de llegar a 2013 con 180 mil trabajadores solo permanecerán –después de despidos arbitrarios- cerca de 20 mil.

“PARCHES”
Para los expertos los anunciados “beneficios laborales” que recibirán los trabajadores, entre ellos: vacaciones por 30 días, gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y pago de seguros, solo son “parches” que el Estado ha anunciado para controlar la presión laboral estatal.

“No son soluciones, son parches que está usando el Gobierno para disminuir las protestas que existen en el sector estatal. Lo recomendable hubiera sido garantizarles a este grupo de trabajadores que no van a ser despedidos arbitrariamente”, declaró el abogado laboralista. De igual manera, González Izquierdo coincidió en que los beneficios anunciados son una manera de tranquilizar a la población.

NO AL CONCURSO
Otro de los dispositivos cuestionados es el que somete a “todos” los trabajadores estatales a un concurso público, considerando que en muchos casos esta modalidad no se ha basado precisamente en el profesionalismo, sino que han sido designaciones a “dedo”.

“Si un trabajador ha laborado 5 o 10 años en la institución, es porque de alguna manera su trabajo es idóneo y no tendría por qué pasar por concurso”, cuestionó el economista Vásquez Kunze.

PATRICIA HOYOS: phoyos@diario16.com.pe

sábado, 17 de marzo de 2012


CGTP: Eliminación progresiva del CAS es un buen comienzo

16 de marzo de 2012 | 10:08 a.m.
Rocío Mendoza - web@epensa.com.pe
LIMA 
La eliminación progresiva del régimen de Contrato de Administración de Servicios (CAS) es un "buen comienzo" en el proceso de restitución de los derechos laborales, consideró la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes.

Dijo que la norma será útil para detener los abusos cometidos contra los trabajadores adscritos a este régimen, quienes hasta el momento carecían de derechos como el de sindicalización, pago de gratificaciones o vacaciones, entre otros.

"A título personal saludo esta medida porque hay trabajadores y trabajadoras que han permanecido once años laborando en esta modalidad y no han tenido ningún derecho laboral", indicó.

Destacó que la norma aprobada otorgue libertad sindical a los trabajadores adscritos al CAS, porque hasta el momento cuando formaban un sindicato eran inmediatamente despedidos.

No obstante, la dirigente añadió que se debe eliminar todo tipo de modalidad de trabajo que flexibilice y debilite a las organizaciones sindicales
DIARIO EL CORREO


Personal del CAS tendrá doble gratificación este año

Nuevos derechos en este régimen costarán S/.113 millones. Eliminación del sistema es el primer paso para crear único régimen laboral público
Sábado 17 de marzo de 2012 - 09:31 am
Trabajadores
(Foto archivo El Comercio)
ÁLVARO GASTAÑADUI
El proyecto de ley que plantea eliminar el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) no solo favorecería a los 180 mil trabajadores públicos que empezarán a recibir desde este año sus gratificaciones en julio y diciembre. Significa, además, el primer paso para reunificar los 30 regímenes laborales que existen en el sector público en un solo sistema de servicio civil, tal como lo ha venido ofreciendo el Gobierno Central.
Según la nueva iniciativa legislativa, que fue aprobada el jueves por el Congreso y que ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación, los trabajadores de dicho régimen también gozarán de licencia pre y posnatal, tendrán derecho a 30 días de vacaciones y una indemnización de hasta tres sueldos en caso de despido arbitrario.
Estos nuevos gastos demandarán un costo de S/.113 millones para todas las entidades del Estado que tienen personal bajo el régimen CAS. Según el congresista Justiniano Apaza Ordóñez, cuyo proyecto en minoría fue aprobado, no hay ningún problema para que las entidades públicas asuman ese costo con su presupuesto, pues ello ya fue consultado a los ministerios de Economía y de Trabajo.
Asimismo, explicó que las gratificaciones que recibirán los trabajadores del CAS variarán de 300 soles a un sueldo mensual, dependiendo de si el trabajador labora en una entidad pública bajo el régimen de la actividad pública –ministerios– o de la actividad privada, como los organismos públicos descentralizados o empresas estatales.
DERECHOS PARCIALES
El abogado laboralista Ricardo Herrera consideró positivo el proyecto de ley aprobado, pues se trata de un avance en el reconocimiento de los derechos laborales del 46% de trabajadores del Gobierno Central y los gobiernos regionales. Sin embargo, precisó que no gozarán de los derechos a la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni utilidades.

Asimismo, lamentó que se haya eliminado el plazo en el proyecto de ley para que el Ejecutivo presente su propuesta del futuro régimen de servicio civil que regulará la actividad laboral en el sector público.
También señaló que, según la futura norma, cada entidad pública deberá organizar el concurso público, para incorporar a partir del 2013 en sus planillas a los trabajadores de los regímenes laborales diversos. “En esos concursos podrá participar cualquier persona y los trabajadores del CAS lo harán en las mismas condiciones que el resto”, agregó.
PODRÍA BAJAR SUELDO
Herrera señaló que al ser incorporados en planillas los trabajadores del régimen CAS podrían ver sus sueldos rebajados o, en algunos casos, aumentados. Explicó que el régimen público establece topes de sueldo para su personal estable. En algunos casos, podría subir el sueldo, pero en otros disminuir.

El presidente de la Comisión Revisora del proyecto de la Ley General de Trabajo, Carlos Blancas, consideró positiva la eliminación paulatina del CAS, pues dicho régimen afectaba derechos constitucionales y el principio de igualdad ante la ley.