La reforma y la modernización del Estado Peruano implican, entre otras medidas, potenciar la eficiencia, mejorar la capacidad gerencial, así como redefinir y reasignar tareas en la nutrida burocracia para optimizar los recursos disponibles y las inversiones de la administración pública.
Pero para ello es indispensable renovar sus actuales equipos gerenciales con funcionarios bien calificados, con probadas y sólidas credenciales profesionales y adecuadamente remunerados, a través de los procesos que actualmente dirige la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Hasta la fecha, sin embargo, estas metas no se están cumpliendo por el desinterés de algunas entidades pertenecientes a los gobiernos nacional, regional y local. Se supone que para mediados de este año ya debía haberse colocado a 28 nuevos gerentes públicos en diferentes áreas del aparato estatal, que fueron previamente seleccionados y evaluados, bajo estrictos criterios de eficiencia y meritocracia por Servir. No obstante, estos profesionales no han sido aún incorporados y prácticamente vienen siendo ninguneados, aduciéndose dificultades de orden administrativo y burocrático.
La pregunta es clara: ¿si esto sucede con el nombramiento de los gerentes, cómo se podrá avanzar en otros aspectos fundamentales y más complicados de la reforma del Estado?
Recordemos que este año también debe elaborarse un registro nacional de servidores públicos que permita contar con un banco de datos que sirva de referencia para futuras contrataciones, y para que la población conozca los méritos y capacidades de los trabajadores estatales, incluyendo la información personalizada sobre los estudios realizados, experiencia laboral, cargos desempeñados, además de calificaciones y sanciones obtenidas a lo largo de su carrera.
También está pendiente la elaboración de un mapa que identifique todas las normas vigentes en materia de empleo público, la certificación y capacitación del servidor estatal en programas de gestión pública, y la puesta en marcha de un tribunal del servicio civil, que se encargue de resolver los conflictos laborales entre el Estado y sus trabajadores.
Finalmente, con mayores recursos en las arcas fiscales, el Gobierno tiene una deuda pendiente con la homologación de sueldos, de acuerdo con principios de orden y meritocracia, para que se premie el esfuerzo sin favoritismos de ningún tipo. Solo así el Estado cumplirá su razón de ser: es decir, servir al ciudadano y no servirse de él. Estos parámetros también forman parte de la profesionalización de la carrera pública.
Por ello habría que preguntarse a quién le conviene paralizar la reforma del Estado. ¿A los partidos y los clientelistas de siempre, interesados en llenar la administración pública con personas que no reúnen más calificación que pertenecer al partido de gobierno?
Cuidado. La mejor manera de cautelar que el Estado cumpla su función y tenga presencia en todos los rincones del país es dotarlo de una administración integrada por gestores profesionales que valoren el servicio civil que han asumido como funcionarios públicos.
EDITORIAL EL COMERCIO: 27.07.2009
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