lunes, 27 de julio de 2009

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EL ESTADO NECESITA

La reforma y la modernización del Estado Peruano implican, entre otras medidas, potenciar la eficiencia, mejorar la capacidad gerencial, así como redefinir y reasignar tareas en la nutrida burocracia para optimizar los recursos disponibles y las inversiones de la administración pública.

Pero para ello es indispensable renovar sus actuales equipos gerenciales con funcionarios bien calificados, con probadas y sólidas credenciales profesionales y adecuadamente remunerados, a través de los procesos que actualmente dirige la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Hasta la fecha, sin embargo, estas metas no se están cumpliendo por el desinterés de algunas entidades pertenecientes a los gobiernos nacional, regional y local. Se supone que para mediados de este año ya debía haberse colocado a 28 nuevos gerentes públicos en diferentes áreas del aparato estatal, que fueron previamente seleccionados y evaluados, bajo estrictos criterios de eficiencia y meritocracia por Servir. No obstante, estos profesionales no han sido aún incorporados y prácticamente vienen siendo ninguneados, aduciéndose dificultades de orden administrativo y burocrático.

La pregunta es clara: ¿si esto sucede con el nombramiento de los gerentes, cómo se podrá avanzar en otros aspectos fundamentales y más complicados de la reforma del Estado?

Recordemos que este año también debe elaborarse un registro nacional de servidores públicos que permita contar con un banco de datos que sirva de referencia para futuras contrataciones, y para que la población conozca los méritos y capacidades de los trabajadores estatales, incluyendo la información personalizada sobre los estudios realizados, experiencia laboral, cargos desempeñados, además de calificaciones y sanciones obtenidas a lo largo de su carrera.

También está pendiente la elaboración de un mapa que identifique todas las normas vigentes en materia de empleo público, la certificación y capacitación del servidor estatal en programas de gestión pública, y la puesta en marcha de un tribunal del servicio civil, que se encargue de resolver los conflictos laborales entre el Estado y sus trabajadores.

Finalmente, con mayores recursos en las arcas fiscales, el Gobierno tiene una deuda pendiente con la homologación de sueldos, de acuerdo con principios de orden y meritocracia, para que se premie el esfuerzo sin favoritismos de ningún tipo. Solo así el Estado cumplirá su razón de ser: es decir, servir al ciudadano y no servirse de él. Estos parámetros también forman parte de la profesionalización de la carrera pública.

Por ello habría que preguntarse a quién le conviene paralizar la reforma del Estado. ¿A los partidos y los clientelistas de siempre, interesados en llenar la administración pública con personas que no reúnen más calificación que pertenecer al partido de gobierno?

Cuidado. La mejor manera de cautelar que el Estado cumpla su función y tenga presencia en todos los rincones del país es dotarlo de una administración integrada por gestores profesionales que valoren el servicio civil que han asumido como funcionarios públicos.
EDITORIAL EL COMERCIO: 27.07.2009

sábado, 18 de julio de 2009

COMISIONES DEBEN BAJAR


Comisiones deben bajar

Comisiones muy altas.

Para el economista Carlos Urrunaga, la reducción de los costos operativos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que implicará el nuevo régimen, debe ir acompañada con una rebaja en las tasas de comisiones, proceso que debe ser supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

“Hablamos de empresas que manejan un promedio de un millón de personas y que siguen recibiendo miembros. En ese contexto, por una regla natural de economía, los costos operativos deben tender a bajar conforme más afiliados hay. Ahora, con esta norma, los costos bajarían incluso más, por lo que el tema de comisiones debería seguir ese camino”, manifestó.

De otro lado, sostuvo que la tasa de 1.8% de comisión que cobran las AFP actualmente, es en realidad un número engañoso. “Parece pequeño, pero ese 1.8% se convierte en casi un 20% de lo que te retienen de tu sueldo. Si por ejemplo, a una persona se le retiene 1000 soles, por comisión la AFP se queda con 200 soles, que es una cifra importante si hablamos de millones de personas”, dijo.

LA PRIMERA: 18 de junio de 2009

AFPs GANAN MÁS CON JUBILACIÓN ANTICIPADA

Nuevo régimen beneficia a administradoras que reducirían sus costos operativos y aumentarían sus utilidades.

Norma es incompleta y no vela por los desempleados.

El presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Pedro Flecha, sostuvo que entre 30 y 35 mil afiliados al Sistema Privado se acogerán al Régimen Especial de Jubilación Anticipada, cuya creación fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) siguen siendo beneficiadas. La aprobación del Régimen Especial de Jubilación Anticipada por parte del Congreso, permite en realidad a las AFP bajar sus costos operativos, ya que el proyecto les autoriza a deshacerse de cuentas “estáticas” para concentrarse en las cuentas activas y nuevas, a las que incluso se les podría subir las comisiones, alegando que han perdido dinero por la aprobación de este nuevo régimen

Y es que según la norma, los afiliados a las AFP con un mínimo de 55 años (para el caso de hombres) y de 50 años (para mujeres) que estén desempleados durante 12 meses o más, y que ganen menos que la remuneración mínima, podrán retirar los aportes, mientras los que ganen más que ese monto se someterán a la jubilación anticipada.

Para el economista Carlos Urrunaga, con la medida las AFP quedan satisfechas, ya que para ellas les cuesta lo mismo la cuenta de un asociado que gana 10,000 dólares y la de otro que gana salario mínimo. “Con ello se desprende del pequeño y se enfoca en el grande que le genera más rentabilidad. Con ello, además, hay menor costo operativo, y sus ganancias aumentan, más aun cuando el porcentaje de comisión continúa igual”, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que si bien la norma permite a un grupo de personas acceder a sus fondos, la misma deja temas pendientes, como el de los desempleados. “Está el caso de las personas con un promedio de 30 años, que están desempleadas y no pueden acceder a sus fondos por una discriminación por el tema de edad”, sostuvo.

De otro lado, recomendó que la norma permita a los trabajadores disponer de al menos una parte de su fondo, y no esperar hasta los 65 años como dispone la reglamentación actual. “Hay personas que durante 10 y 15 años ganan un buen dinero, y que podrían depositar una parte en una cuanta bancaria, para así protegerse de los vaivenes que generaron pérdidas en los fondos recientemente”, indicó.

LA REPÚBLICA: 18 de julio de 2009